Las corporaciones reciben escasos recursos y padecen un déficit galopante, pero el endeudamiento que sufren se debe en ocasiones a desmanes económicos.
Economistas, eruditos, filósofos, políticos y un sinfín de personalidades han realizado sesudos estudios, o simplemente elucubraciones a la hora de determinar el por qué la economía mundial ha llegado a esta crisis global. Aunque muchos quieran trazar paralelismos y expiar culpas achacando las penurias económicas que padecen los ayuntamientos a la mera coyuntura mundial, lo cierto es que una mala praxis en la gestión les ha abocado a padecer números rojos y un déficit galopante. Aunque los alcaldes, no sin razón, se lamentan de la exigua financiación que les llega por parte del Estado y las autonomías para garantizar los numerosos servicios que prestan a los ciudadanos, no es menos cierto que la espiral de endeudamiento que padecen los pueblos de la provincia de Huelva tiene su origen en unos desmanes económicos a los que pocos han querido poner coto. Independientemente de la ideología, en mayor o menor medida, casi la totalidad de los 79 municipios onubenses padecen hoy las consecuencias de unos excesos que revelan sus cuentas con toda su crudeza.
A los alcaldes se les ha pedido un acto de contrición a la hora de reconocer sus pecados en la gestión, con la promesa de no desvelar el secreto de confesión. Si el Papa romano San Gregorio Magno enumeró los pecados capitales que nos llevarían al fuego eterno, la actualidad hace lo propio a la hora de enumerar los vicios que ha llevado a las corporaciones a esta situación financiera. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra…
GASTOS FINANCIEROS
Las corporaciones municipales han mantenido una espiral de endeudamiento desmesurado al que no se ha puesto freno incluso en tiempos de bonanza en los que los convenios urbanísticos, licencias de obras y plusvalías por compra y venta de viviendas les rentaba pingües beneficios. El hecho de que la ley permita un endeudamiento del 110% del presupuesto en curso ha permitido a los gobiernos de turno justificar su supuesta salud económica alegando que se encontraban por debajo de los umbrales prefijados por ley. El problema es que este planteamiento tiene trampa en virtud de los numerosos vericuetos contables que permiten inflar artificialmente los presupuestos y, con ello, su capacidad para continuar endeudándose. Gastos financieros que ahora se revelan con una losa insalvable. En la capital, el PP tiene en la semiprivatización del servicio del agua el único medio con el que depurar parte de sus cuentas, mientras que en Isla Cristina la escaramuza ha sido pedir un crédito para la empresa municipal de la vivienda. Ambos haciendo honor a la castiza frase de: quien hizo la ley hizo la trampa.
PLANTILLAS ATOMIZADAS
La propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha salvado a muchos ayuntamientos de tener que aplicar Expedientes de Regulación de Empleo que se veían inminentes como único medio con el que cuadrar unos presupuestos que, aun así, incurrirán en déficit. En municipios en la provincia como Bollullos las nóminas consumen el 66% del presupuesto e incluso si se computan las indemnizaciones por despidos que pesan sobre la institución podrían llevar al K.O. técnico a las arcas municipales. En Almonte la plantilla supera el millar de trabajadores, según reconoce el propio concejal de Hacienda. Mientras, en paralelo, los ingresos continúan en caída libre y hacen imposible el sostenimiento de las plantillas.
DEPENDENCIA DEL LADRILLO
La mayor parte de los ayuntamientos hicieron del negocio del ladrillo su mayor sustento económico y, sobre éste, construyeron un castillo de naipes contable. No hay pueblo costero que se salvase del afán urbanístico. Hoy en día ayuntamientos como Cartaya, Ayamonte, Lepe, Almonte, Punta Umbría o Moguer están atravesando una situación enormemente delicada que se traduce en infinidad de impagos a proveedores, retrasos en el abono de nóminas, o un fuerte aumento de la presión fiscal en áreas como el IBI o el Impuesto de Circulación.
MANCOMUNIDADES
La entrada de España en la Comunidad Europea vino acompañada de la fiebre de crear mancomunidades para canalizar a través de éstas los numerosos fondos que inyectaba Bruselas. Al calor de este maná se crearon hasta 18 mancomunidades en la provincia de Huelva, muchas de ellas ya extintas. Son estas: Mancomunidad Moguer-Palos de la Frontera, Turística de la Sierra de Huelva, Intermunicipal Sierra Minera, Cuenca Minera, Agua Villablanca-San Silvestre de Guzmán, Municipios para el desarrollo socioeconómico del Condado de Huelva, Condado-Campiña, Sierra Occidental de Huelva, de Islantilla, Agrupación Intermunicipal de los Ayuntamientos de Manzanilla y Chucena, del Andévalo, Municipios de Beturia, Ribera de Huelva, Andévalo Minero, Campiña-Andévalo, Municipios de la Comarca de Doñana, Servicios de la Provincia de Huelva, MAS.
Lo más fragrante es que en su origen pretendían dar un mejor servicio y reducir gastos. La realidad fue bien distinta. Entes como la Mancomunidad de Condado-Campiña, nacida al objeto de la conservación de los caminos rurales, gastaba más en los órganos de dirección que en toda la plantilla de trabajadores, lo que le llevó a acuñar al alcalde de Niebla, Francisco Viejo, (PA) aquella mítica frase de que en la entidad "había más jefes que indios". Resultado: Condado-Campiña se disolvía hace un par de años dejando cerca de 800.000 euros de deudas que tuvieron que ser asumidos por los ayuntamientos que la integraban. Hoy día en la Sierra muchas de ellas sobreviven artificialmente a base de la inyección continuada de subvenciones y/o préstamos bancarios.
GASTOS EN LIBERADOS
A parte de la remuneración de los alcaldes, que gracias a la propuesta de la FEMP tendrán un tope y evitará los desmanes, las cuentas públicas sufren otro 'roto' por el número de liberados. En Bollullos (no adscritos-PP) son siete los ediles con cargo a las arcas públicas que perciben un total de 300.000 euros anuales. En Almonte son 14 los que perciben algún sueldo público, dado que, independientemente de la institución que le abona el sueldo, al final sale de los sufridos ciudadanos. La ley no establece límites a la hora de fijar el número de liberados y, curiosamente, gran parte de estos no se les conocía un empleo con anterioridad a su salto a la política. Sumen a todo ellos gastos dietas, coches oficiales, líneas telefónicas y comprobarán la dimensión del gasto.
En El Condado el único municipio que no cuenta con ningún profesional de la política es Escacena, debido a que arrastra infinidad de problemas económicos. Aun así su alcaldesa, Eva Salazar, está liberada por la Mancomunidad de Aguas y Servicios.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTONÓMICOS
No siempre los pecados en los que han incurrido los alcaldes han tenido su origen en la falta de responsabilidad. En ocasiones se trataba de prestar una serie de servicios a los que no llegaban administraciones como la Junta de Andalucía o el propio Estado. Como muestra un botón: Costas posee las competencias del litoral, si bien cuando se producen los temporales la Administración central se "escaquea" a la hora de poner en marcha las medidas necesarias para la regeneración de la playa.
En otras ocasiones han sido los propios ayuntamientos quienes de forma unilateral optaron por brindar prestaciones a sus ciudadanos. Sin ir más lejos, en Rociana del Condado, nada más instaurarse la democracia, el CDS decidió prestar un servicio médico que cubriese el horario durante el cual el SAS no cubría las urgencias médicas. Posteriormente, ni los distintos gobiernos del PSOE ni de PA-PP se han atrevieron a prescindir del servicio por el posible coste electoral, aun a pesar de costar 150.000 euros anuales.
TÉCNICOS Y ASESORES
Varios alcaldes consultados por este periódico relatan la necesidad de legislar en cuanto al número de técnicos, asesores o puestos de confianza que puede nombrar un equipo de gobierno. Una medida que considera que debe hacerse extensible a diputaciones, comunidades autónomas e incluso ejecutivo central. Sin duda la FEMP debería de tener en este asunto una voz tan decidida y unánime como a la hora de regular los emolumentos de los alcaldes.
FALTA DE RIGOR CONTABLE
La revelación es vox populi entre los interventores. La Ley de Régimen Local establece una serie de 'poderes' a los alcaldes para realizar pagos extra-presupuestarios. Lo que debería de ser una herramienta excepcional para sufragar gastos puntuales ha pasado a convertirse en el vehículo predilecto de los alcaldes para costearse gastos que no contaban con su preceptivo asiento contable, poniendo a su vez en un brete toda la confección de las cuentas. En Bollullos el ex alcalde Carlos Sánchez financió obras como el Parque Ramos Mantis mediante pagos extrapresupuestarios por un valor de 600.000 euros. No ha sido el único, los informes de los interventores que ejercen en los municipios onubenses constatan que sus recomendaciones caen, con demasiada frecuencia, en saco roto.
FESTEJOS
Era sin duda la concejalía predilecta por los manirrotos. Un área que permitía un gran lucimiento personal. Pocas obligaciones y partidas que no dejaban de engordar cada año a fin de superar la pomposidad y ostentosidad de las fiestas. Actuaciones musicales de relumbrón con la presencia de artistas de primera fila, festejos taurinos y comidas a mesa y mantel para la apertura de las fiestas. Hace un par de años las orejas del lobo de la crisis comenzaron a asomar, mientras que de forma un tanto tibia comenzó a aplicarse un estricto control del gasto. Sólo entonces y de forma extraoficial se escucharon voces que entonaban el mea culpa. Estas mismas fuentes reconocían que, impulsados por la inercia y al objeto de compararse a sus municipios vecinos, convirtieron su concejalía en poco menos que una promotora de fiestas y conciertos servidos gratuitamente en virtud de la demanda. La reflexión ahora se hace clara: también a los ciudadanos les gusta el fútbol y su ayuntamiento no les regalada entradas para el Bernabéu. La crisis parece haber devuelto la cordura y no parece que vuelvan a prestarse 'servicios' que no les competen.
TELEVISIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
"No hemos sabido vender nuestra gestión". Esta ha sido una de las frases más socorridas por los alcaldes cuando recibían un serio correctivo por parte de los electores. La solución auspiciada no fue mejorar la gestión o el acercamiento al ciudadano si no el marketing. A partir de esta idea se crearon medios de comunicación con los que vender la gestión; fotografiarse con la entrega de subvenciones, inauguraciones y, sobre todo, para atizar a la oposición a la par que ensalzaban la marca de partido. Al menos esta es la versión que ofrece la oposición. En La Palma y Huelva la televisión no deja de estar en el ojo del huracán, mientras que en Valverde o Almonte, para más inri, existen verdaderos emporios de comunicación local.
De Carlos López Martín.
Difícil